El Instituto de Ciencias Histórico-Jurídicas ha concedido el Premio Hispanoalemán Eduardo de Hinojosa a la profesora del Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Sara Moreno Tejada, por la tesis “El Consejo Provincial de Alicante”. El estudio, dirigido por el catedrático de la UMH José Antonio Pérez Juan, se defendió en 2018 en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Ju­rídicas de la UMH.

Fuente: UMH

En la convocatoria de estos premios, convocados por el Instituto de Ciencias Histórico-Jurídicas para reconocer a la mejor tesis doctoral en Ciencias Histórico Jurídicas del curso 2017-2018, han podido participar todas aquellas tesis doctorales, cuyo programa de doctorado perteneciese a las disciplinas de “Ciencias Sociales y Jurídicas” en las siguientes áreas de conocimiento: Historia del Derecho y de las Instituciones, Derecho civil. Derecho registral inmobiliario, Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Romano y Filosofía del Derecho.

El trabajo de investigación de la profesora de la UMH estudia la figura del Consejo provincial, desde su instauración en 1845 hasta su disolución definitiva en 1868. Esta institución, que presenta una naturaleza jurídica compleja y se articula como ente consultivo y jurisdiccional al mismo tiempo, es clave para la historia del Derecho español.  Por un lado, constituye el germen de la jurisdicción contencioso-administrativa en España y, por otro, es un símbolo del rígido centralismo establecido durante el periodo moderado.

Entre las conclusiones que se recogen en la tesis doctoral de la profesora de la UMH destacan que la implantación de los Consejos provinciales en España responde a la puesta en práctica de los principios ideológicos del liberalismo doctrinario. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se articuló un modelo territorial, inspirado en el régimen francés y basado en el diseño de una Administración fuerte, enérgica, rápida y eficaz. Según la profesora Sara Moreno, estas nuevas corporaciones, creadas en 1845, fueron la piedra angular del sistema territorial moderado. No solo porque ocuparon el espacio funcional y competencial de las instituciones populares, sino porque, además, asumieron el enjuiciamiento de todos aquellos conflictos sustraídos a los Juzgados y Tribunales comunes. Su actividad, por tanto, no solo comprendería funciones de carácter administrativo, tanto ejecutivas como de consulta, sino que, además, integraría la facultad de resolver los conflictos que se derivasen de la acción gubernativa. En este sentido, su instauración supuso, en palabras de sus defensores, la configuración del Gobierno como un “ente completo”.