La Comisión Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) quiere expresar su posición contraria a los masivos recortes en la financiación de la I+D en los presupuestos Generales del estado para 2013 (PGE 2013).

Desde todos los ámbitos de la sociedad se considera hoy día que la investigación es una base esencial y un motor imprescindible del desarrollo socioeconómico. Por tanto, la aplicación de recortes en este ámbito supone un freno inaceptable para el desarrollo, la innovación y el progreso económico. En este sentido, la reducción presupuestaria en investigación debe ser mínima, para evitar incongruencias entre un discurso político en el que “la sociedad debe basar su progreso en el conocimiento” y una aplicación de políticas y acciones que van en la dirección diametralmente opuesta.

A lo largo de los últimos 25 años el sistema español de ciencia y tecnología se ha ido construyendo con esfuerzo y eficiencia gracias a los recursos económicos que la sociedad le ha destinado, y que han permitido situar a nuestro país en la novena posición en cuanto a producción científica, lo que a su vez se ha traducido en un notable incremento en el número de investigadores incorporados en el sistema y ha abonado la creciente transferencia de resultados al sector público y privado.

Estas razones hacen que la necesidad de mantener las vías de financiación de la investigación vivas y sin recortes esté recibiendo el apoyo de las más prestigiosas instituciones académicas y de investigación a través de una iniciativa europea por la ciencia respaldada por más de 40 premios Nobel, que ha sido ya firmada por más de 100.000 personas (http://www.no-cuts-on-research.eu/index.php?file=insert.php).

En el momento presente, la Comisión Sectorial de I+D de la CRUE quiere denunciar que los recursos económicos totales previstos para financiar la I+D+i en 2013 son claramente insuficientes (menores de los que figuraban en los presupuestos del año 2005), lo que tendrá gravísimas consecuencias en nuestro joven sistema de ciencia y tecnología, que necesita fondos públicos no financieros para mantener su competitividad y para contribuir al cambio de modelo productivo.

Las consecuencias y los hechos más señalados de la reducción en las partidas de I+D+i de los PGE 2013 que queremos denunciar son:

1) Ausencia de una financiación pública que haga sostenible el sistema.

Constatamos un 80% de reducción en fondos no financieros (valores semejantes a los de 2002) con impacto crítico sobre la Investigación pública, fundamentalmente la más básica, motor de la investigación excelente y de los mayores avances en la frontera del conocimiento.

2) Reducción de la financiación para proyectos de Investigación, Transferencia e Innovación.

En el presente año se ha producido una grave reducción de los fondos destinados a los proyectos de investigación, lo que ha significado que grupos excelentes han visto cómo se truncaba su trayectoria de muchos años. La reducción  de los fondos totales para la investigación en los PGE 2013 producirá un agravamiento del problema. Muchos grupos de investigación se verán injustamente abocados a abandonar sus actividades y líneas de investigación, con el consiguiente retroceso del sistema.

3) Reducción y pérdida de los recursos humanos.

El adelgazamiento de las políticas de financiación para Recursos Humanos, base capital insustituible del avance de la investigación, es un riesgo inasumible. Sin su contribución, sin el apoyo a su formación y su incorporación estable al sistema de I+D+i resulta imposible el progreso del conocimiento y su transferencia a la economía productiva. Por ello es ahora más importante que nunca evitar al máximo los recortes en el número de investigadores que se incorporan al sistema y es vital apoyar el mantenimiento de la actividad de los investigadores jóvenes en cuya formación la sociedad ha invertido considerables recursos. La pérdida de este capital humano y del retorno que su actividad está produciendo en la sociedad son desastrosas para nuestra economía y su resultado no tardará en manifestarse en los indicadores más reputados.

4) Necesidad de coordinación interministerial.

Hacemos desde aquí un llamamiento para que los dos ministerios que se ocupan fundamentalmente de los Recursos Humanos en I+D+i, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mantengan, potencien, complementen y coordinen sus políticas en este ámbito, evitando dilaciones y falta de sincronía en sus respectivos programas que pueden resultar en una pérdida de oportunidades de los jóvenes investigadores y un desaprovechamiento de recursos económicos por descoordinaciones evitables en convocatorias.

5) Velar por la triple dimensión de la Universidad.

Al analizar y planificar estrategias de apoyo a la investigación es preciso ser conscientes de que la Universidad también ejerce labores docentes y de transferencia de los resultados de la investigación. Las tres misiones deben cumplirse con los más altos niveles de exigencia y calidad, por lo que la coordinación y el equilibrio de los mismos en la actividad del profesor universitario es un mandato ineludible que se ha de tener en cuenta.

6) Inadecuación de los fondos financieros para Universidades y OPIs.

En línea con lo anterior, es preciso destacar el peso proporcional de la actividad investigadora de la Universidad en el sistema de I+D+i en España. Al menos dos tercios del total de la actividad investigadora se desarrolla en nuestras Universidades, que representan una base crucial como motor del progreso que ha experimentado la I+D+i en nuestro país en las últimas tres décadas. Por este motivo queremos señalar que es especialmente engañosa la compensación de la financiación con la partida de fondos de carácter financiero en los PGE 2013, sin considerar que las disponibilidades de créditos no son recursos reales para las instituciones públicas de investigación (Universidades, OPIs) por imposibilidad de acudir a endeudamiento.

7) Improcedencia de la Asociación de los gastos en I+D+I a los objetivos de déficit.

Denunciamos la asociación de los gastos en I+D+i con los objetivos de déficit de CCAA, que está conduciendo a que muchos de los programas estratégicos de investigación de las mismas se hayan recortado en aras de conseguir el objetivo de déficit. La I+D+i no es un gasto sino una inversión.

8 ) Falta de una estructura clara de la I+D+I.

Resulta importante señalar la ausencia de financiación para la creación de la Agencia Estatal de Investigación, contemplada en la Ley de la Ciencia como garante de una gestión de I+D+i y de la transferencia del conocimiento a la sociedad y al tejido productivo regidas por una planificación estratégica en la que primen, con carácter permanente, valores como la excelencia, en consonancia con los programa de la UE.

Por todo lo expuesto, la Comisión Sectorial de I+D de la CRUE manifiesta, aún en los actuales momentos de incertidumbre y debilidad económica, su firme rechazo a los recortes en la financiación de la I+D+i en los PGE 2013 y se declara firme convencida de que la competitividad de nuestro país tiene que apoyarse ineludiblemente en mantener el máximo y planificado nivel de inversión en Investigación y desarrollo tecnológico para formar y captar capital humano con capacidad de adquirir y transmitir conocimientos y desarrollar tecnologías que permitan la colaboración con un tejido empresarial innovador.

Entendemos la actual situación de déficit. Pero la I+D+i, al igual que la Educación y la Sanidad, debe quedar fuera del ajuste. De ella depende la independencia tecnológica del país en el futuro. No es solo, pues, un asunto científico sino de primer orden económico. Solo así evitaremos el deterioro irreparable de la I+D+i que supone la asfixia financiera, que se traducirá en el suicidio aplazado de la productividad económica de España. Así lo han comprendido sociedades y países de nuestro entorno que, al atravesar situaciones similares, han tomado la decisión firme y estratégica de mantener e incluso aumentar la inversión en I+D+i como medio para salir de la crisis económica. Si ya los niveles anteriores a ella eran inferiores a la media de la UE, revertir la curva en la que nos situábamos nos hará perder totalmente el tren del desarrollo tecnológico. Y eso lo pagará muy caro la economía española.