Un conjunto de reformas con la finalidad de eliminar la influencia de los partidos políticos en los órganos del Estado son algunas de las medidas que propone la tesis de la doctoranda y profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Victoria Rodríguez Blanco. Este estudio, titulado “La politización de la justicia: instrumentos a favor de una mayor separación de poderes como presupuesto necesario para una democracia de calidad”, ha sido realizado bajo la dirección de la profesora del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Olga Fuentes Soriano.

La tesis propone una serie de medidas para romper los vínculos existentes entre la política y la justicia y conseguir un Estado de Derecho con mayor separación de poderes. El objetivo del estudio es defender la independencia judicial como un elemento estructural, como principio político y como exigencia de un funcionamiento efectivo del Estado de Derecho, requisito esencial para un sistema político con calidad democrática. Para ello, se propone un conjunto de reformas en el Ministerio Fiscal, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional con la finalidad de eliminar la influencia de los partidos políticos sobre estos órganos y convertirlos en instituciones más independientes. También, se apuesta por el fortalecimiento del Consejo General de Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, la necesidad de la acción popular o la limitación del uso de la institución del indulto.

Durante el estudio, se ha analizado el conjunto de relaciones interdependientes que enlazan la política y la justicia, que ponen en manifiesto la existencia de una politización de la justicia no deseable, así como los conflictos que se han producido en los últimos años entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la histórica huelga de jueces del 2009 o la judicialización de la política que refleja la otra cara no deseable de un funcionamiento adecuado de la justicia.

Asimismo, en el análisis empírico del estudio se han tenido en cuenta los barómetros de opinión, los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, las consideraciones de expertos, las recomendaciones de evaluadores que miden la calidad democrática y las sugerencias que desde hace años ha realizado el Grupo de Estados en contra de la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa o la ONG Transparencia Internacional. En esta tesis, también, se han considerado las reivindicaciones de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, organización que ha nacido al amparo del manifiesto que en 2010 suscribieron más de 1.400 jueces de España para reclamar la despolitización de la justicia, la necesidad de afrontar una mayor separación de poderes y la exigencia de una menor influencia de los partidos políticos en los órganos del Estado.

El tribunal que ha evaluado la tesis ha estado compuesto por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz Ramos, por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, José María Asencio Mellado, por la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV) y consejera del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, Margarita Soler Sánchez, por la profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha Yolanda Doig Díaz y por el doctor de Ciencia Política de la UV Joaquín Martín Cubas.