Un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha participado en un estudio que concluye que la aplicación de la nueva normativa europea (2011/142/CE), que permite a los ganaderos abandonar los cadáveres de ganado extensivo en determinadas áreas en el campo, supone un paso adelante en la conservación de las poblaciones europeas de carroñeros. Esta nueva normativa, además, es una importante herramienta para la reducción de los costes ambientales (y económicos) asociados al transporte de los cadáveres de ganado hasta las plantas de procesamiento. El estudio ha sido publicado en la revista Journal of Applied Ecology.

Foto cedida por Manuel Jesús de la Riva Pérez

La investigación, titulada “Evaluación de la red de zonas de protección para la alimentación de los carroñeros en España: de la conservación de la biodiversidad al ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero”, describe que, a pesar de la significativa mejora, aún existen aspectos que deben mejorar para asegurar la conservación a largo plazo de las especies necrófagas. La nueva legislación permite a los ganaderos, previa autorización, dejar los cadáveres de ganado en extensivo en las denominadas zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (ZPAEN). En la actualidad, 11 de las 15 comunidades autónomas de la España peninsular han aprobado sus normativas, aunque con criterios  de diseño bastante dispares.

Según este estudio, con la implementación de esta normativa, además, se producirá un incremento en la disponibilidad de alimento para las especies carroñeras de hasta 33.474 toneladas al año. Por otra parte, gracias a la vuelta a los sistemas tradicionales y naturales de eliminación de los cadáveres de ganado por parte de los carroñeros, se podrían ahorrar 43.344 toneladas de CO₂  de emisiones a la atmósfera al año.

Sin embargo, los investigadores afirman que deberían incluirse en las ZPAEN la totalidad de las poblaciones de las especies necrófagas de interés comunitario como el alimoche, el águila imperial y el milano real, catalogadas en peligro de extinción, el buitre negro, considerado vulnerable, así como las áreas de distribución de ciertos carroñeros facultativos de interés para la conservación en España como el lobo o el oso pardo (en peligro crítico de extinción). Por otro lado, dado que los buitres son capaces de moverse cientos de kilómetros a diario a través de los diferentes límites administrativos, este estudio afirma que es necesaria una gestión de las ZPAEN a escala supra-autonómica e incluso sería aconsejable una coordinación entre los países europeos que albergan poblaciones de buitres.

Según los participantes en este estudio, es esencial vincular las políticas sanitarias y ambientales para favorecer la conservación a largo plazo de la biodiversidad. La evaluación de la eficacia de las normativas es fundamental para ayudar a las decisiones políticas y técnicas relativas a las políticas de conservación de la naturaleza. Con la conservación de los carroñeros se favorece el mantenimiento de la biodiversidad y se mantienen los importantes servicios que nos proporcionan.

El equipo de investigadores que ha desarrollado este artículo, liderado por el profesor del Área de Ecología de la UMH José Antonio Sánchez Zapata, está formado por los profesores de la Universidad Zebensui Morales Reyes, Juan Manuel Pérez García y Francisco Botella, así como por los investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) Marcos Moleón, José Antonio Donázar y Eneko Arrondo. Asimismo, en el estudio han participado Martina Carrete, de la Universidad Pablo de Olavide y la Estación Biológica de Doñana; Ainara Cortés-Avizanda del Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO); investigadores de la Universidad de Lisboa (CEABN/InBio) y de la Estación Biológica de Doñana; Rubén Moreno Opo, de la Universidad Complutense de Madrid; José Jiménez, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) y Antoni Margalida, de la Universidad de Lleida y la Universidad de Berna.

La investigación está financiada por gobiernos autonómicos de Andalucía y Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Competitividad y fondos FEDER.

El artículo se puede consultar en http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12833/full