La tesis “Diseño y validación de un procedimiento de cálculo de la huella de carbono en una administración local” de la doctoranda de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Josefa Catalá Goyanes propone cambiar la forma de trabajar de las administraciones locales y forzar la incorporación de consideraciones ambientales en su gestión. En este trabajo, se diseña y valida un procedimiento de cálculo que permite utilizar la huella de carbono como indicador del impacto de las actuaciones de las administraciones públicas sobre el medio ambiente. La tesis está dirigida por el profesor del Área de Psicología de la Salud de la UMH José Joaquín Mira Solves. 

El trabajo se desarrolla en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las administraciones públicas, un concepto que cada vez más organizaciones incorporan a sus políticas y estrategias. En concreto, la Comisión Europea ha propuesto a las administraciones públicas que asuman consideraciones de tipo social y ambiental a su gestión. La RSC toma en consideración tres líneas de actuación: la económica, la social y la medioambiental. En este sentido, la tesis “Diseño y validación de un procedimiento de cálculo de la huella de carbono en una administración local” se centra en la responsabilidad ambiental de las administraciones locales.

La metodología diseñada en esta tesis traslada los datos de la contabilidad municipal al cálculo de la huella de carbono, de manera que se puede aplicar directamente a cualquier entidad local. La principal ventaja de esta propuesta es que los datos de la ejecución del presupuesto municipal son fiables, comparables y fáciles de obtener, ya que se trata de un procedimiento que permite transformar los datos económicos en datos de emisión de CO₂. Como la estructura económica es común en todas las administraciones locales, el procedimiento es aplicable a cualquiera de ellas.

En el trabajo se diseña y se valida un procedimiento de cálculo, adaptado a su estructura, que permite utilizar la huella de carbono como indicador del impacto de sus actuaciones sobre el medio ambiente. Además, permite calcular el indicador en varios escenarios para conocer el impacto que se deriva de diferentes políticas y para poder utilizarlo como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. También, puede evaluar el comportamiento ambiental de la entidad a lo largo del tiempo, a través del análisis de la huella de carbono de varios ejercicios.

En la tesis se ha considerado que la huella de carbono es un indicador muy útil para facilitar el cumplimiento de los objetivos del Pacto de los Alcaldes, un movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales, que asumen el compromiso voluntario de reducir en un 20% las emisiones de CO₂ de sus territorios antes de 2020. Según el trabajo de Josefa Catalá Goyanes, la huella de carbono representa el total de gases de efecto invernadero que emite una organización de forma directa o indirecta.

En la validación de este procedimiento han participado expertos procedentes de dos áreas de conocimiento: la gestión municipal y la huella de carbono. También, se ha buscado la representación de las diferentes administraciones públicas con competencias en la materia. Los beneficios que obtendría una administración local al aplicar el procedimiento de cálculo diseñado son la facilitación de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, la proporción de información sobre la sostenibilidad de la administración local, la obtención de ratios que permiten la comparación con otras administraciones, el análisis de la evolución del indicador a lo largo del tiempo, la inscripción en el Registro Nacional de Huella de Carbono y el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto de los Alcaldes.

Se podría decir que, para una administración local, calcular su huella de carbono supone el primer paso para mejorar su comportamiento ambiental. Se trata de cambiar la forma de trabajar de las administraciones locales y forzar la incorporación de consideraciones ambientales en su gestión.

En Europa se han adherido al Pacto de Alcaldes casi 6.000 administraciones y en la provincia de Alicante el 85% de los municipios. Esto evidencia el interés de la Comisión Europea y de las autoridades locales en poner en marcha medidas para reducir las emisiones de CO₂.