El colectivo de profesores acreditados de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se ha sumado a la Plataforma de Acreditados de la Comunidad Valenciana, promovida por la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). El objetivo es solucionar la situación de incertidumbre sobre el futuro profesional de estos docentes sin posibilidad de promoción como consecuencia de la tasa de reposición de efectivos, establecida en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años (un 50% de las jubilaciones en el año 2015). Desde la Plataforma aseguran que “la situación que desde hace tres años está sufriendo el profesor universitario, no sólo hace imposible el desarrollo digno de la carrera laboral y profesional de este colectivo, sino que ineludiblemente supone un lastre para afrontar los retos que se presuponen a una universidad pública de prestigio”.

En este sentido, desde la Plataforma autonómica sostienen que lo que empezó como un Real Decreto, impulsado por el gobierno central para atajar los gastos universitarios derivados de la crisis económica, “ha desembocado en un elevado número de profesores que, aun habiendo demostrado sus méritos docentes e investigadores, ve estancada su carrera en plazas de una precariedad laboral insospechada por la sociedad. Desde una perspectiva práctica, esto significa que existe un elevado número de profesores universitarios que ha desarrollado su carrera docente e investigadora de manera eficiente, a los que se les exige un rendimiento de trabajo cada vez más exigente, pero sin el reconocimiento económico y social merecido”, añaden.

El principal objetivo de la Plataforma es reunirse de forma inminente con responsables políticos de las diferentes administraciones públicas para intentar buscar una solución definitiva a este problema, que consideran esencial para la mejora de la calidad del sistema de la universidad pública. Desde la Plataforma concluyen que “la correcta gestión de los recursos humanos es el pilar fundamental de cualquier organización y de esta variable depende el conseguir universidades públicas sostenibles y eficientes, donde se desarrolle una formación superior e investigación de calidad. Para que esto sea posible es necesario que exista una política activa, en la que los distintos miembros de la comunidad universitaria, junto con los responsables de la política de universidades estatal y autonómica, busquen la mejor manera de atajar este problema”.

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