La universidad española es uno de nuestros principales activos para garantizar el continuo progreso de España. En buena medida, es la responsable del crecimiento económico, el desarrollo social, la revitalización cultural, el equilibrio territorial, la equidad y la cohesión social fundamentales para alcanzar una prosperidad constante, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Su permanente utilidad respecto a la creación de talento humano, de nuevos conocimientos científicos y de capital tecnológico, ha sido ampliamente demostrada en los últimos cuarenta años, lo cual ha contribuido de manera decisiva a la extraordinaria transformación positiva que ha protagonizado la sociedad española.

Sin embargo, es igualmente cierto que una institución de tal envergadura, complejidad y trascendencia estratégica, necesita una gran capacidad de innovación para, en un entorno de competencia global sujeto a grandes cambios, conseguir su objetivo último, que es hacer frente a las necesidades presentes y futuras de la sociedad española, contribuyendo a alcanzar su bienestar. Es desde esta perspectiva que consideramos esencial un proceso de reformas para que la universidad se mantenga a la cabeza de los cambios que la sociedad precisa y así poder hacer frente a la nueva economía del conocimiento y a una globalización que debemos gestionar con inteligencia y eficacia si no queremos convertirnos en un país marginal en el concierto internacional.

Eso significa que, en un cambio histórico de la magnitud del que se está produciendo, que ya no cabe calificar como una época de cambios sino como un cambio de época, se precisa una nueva regulación legal que permita a la universidad afrontar con éxito los desafíos a los que continuamente tiene que enfrentarse, que no son otros que los retos que tiene ante sí la propia sociedad española. Por todo ello, los abajo firmantes, queremos manifestar ante la opinión pública lo siguiente:

1. Solicitamos a todas las instancias políticas parlamentarias que pongan a la universidad española en el frontispicio de su acción política. Son precisamente ellas, depositarias de la soberanía popular, a quienes cabe la responsabilidad última de elaborar un nuevo marco legal que permita a las universidades mejorar su funcionamiento. La universidad española debe convertirse en un tema prioritario y estratégico de la actuación política si queremos asegurar nuestro futuro individual y colectivo.

2. Por ello, solicitamos a todas las fuerzas parlamentarias nacionales que dediquen sus esfuerzos a promover y aprobar una nueva Ley Orgánica de Universidades. Tres son las principales razones en las que se sustenta esta petición. La primera es que desde la última reforma parcial de 2007 se han producido en el mundo cambios muy profundos en todos los órdenes de la vida económica, social y cultural, mudanzas que obligan a una urgente revisión de nuestro ordenamiento universitario. La segunda razón es que debemos organizar mejor las relaciones entre la universidad, los poderes políticos y los agentes sociales y económicos, para de este modo conseguir más capacidad de transformación de la realidad y una mayor reputación institucional que aumente la potencialidad internacional de nuestras universidades. Y la tercera razón es que debemos profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universitaria que, con una adecuada financiación y la debida rendición de cuentas ante la sociedad, posibilite una mayor flexibilidad de actuación a las universidades en sus modos de gobierno, su organización interna y sus políticas académicas y de personal. Los docentes, investigadores y el personal de
administración y servicios, son un activo fundamental que precisa de los recursos idóneos para continuar realizando su trabajo con su actual calidad contrastada y reconocida.

3. Finalmente, deseamos que dicha ley sea elaborada y aprobada a través de un amplio consenso parlamentario, que dé lugar a un gran Pacto de Estado en el que participen las diversas fuerzas políticas y en el que se solicite la colaboración activa de todas aquellas instituciones, organizaciones sindicales y colectivos sociales que puedan aportar sus experiencias y sus ideas para seguir construyendo una universidad al servicio de la ciudadanía y que contribuya a fortalecer el desarrollo económico y social de nuestro país y su mayor influencia en la esfera internacional.

Por último, quienes suscribimos esta declaración queremos manifestar nuestro más profundo convencimiento de que el futuro de España pasa también por darle un óptimo futuro a nuestra Universidad.

Este comunicado ha sido suscrito por el presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidad, Antonio Abril, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Juan Rosell, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Antonio Garamendi, el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, Jesús de Alba, la secretaria de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, y el secretario general de FE-CC.OO., Francisco García.