El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y director del Centro de Investigación Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, Fernando Miró, ha presentado, junto al conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, los resultados del Proyecto +Éticos. Este estudio, realizado por la UMH, analiza el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la legislación estatal por parte de los ayuntamientos de la provincia de Alicante.

El conseller ha destacado que es relevante que un agente externo a la administración pública como el Centro Crímina de la UMH haya realizado esta evaluación «para que los datos puedan ser contrastados» y se ha mostrado optimista, ya que los compromisos por la transparencia están mejorando.

«El 92% de la población alicantina tiene acceso a un portal de transparencia con datos, ya sea completo o incompleto, y esto es positivo y un síntoma de modernización de la administración y mejora de la calidad democrática», ha confirmado Alcaraz.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH, Fernando Miró, ha sido el encargado de explicar los detalles del proyecto, que pretende dejar constancia de la situación de cada municipio alicantino en cuanto a los compromisos de transparencia y buen gobierno.

Miró ha destacado que será necesaria «una modernización de la administración y de la normativa para seguir dando pasos en materia de transparencia». «Aunque los datos recogidos no sean los más alentadores, nos queda la percepción de que se está mejorando en los ayuntamientos, aunque todavía queda trabajo», ha opinado el director del Centro Crímina.

El proyecto +Éticos forma parte de las actividades que incluye el convenio firmado entre la Generalitat y la UMH. El estudio, que se ha presentado en Alicante, se complementa con el diseño de una herramienta informática, en fase de pruebas, que permite detectar automáticamente el grado de cumplimiento de los indicadores de la Ley de Transparencia de los portales online municipales. Asimismo, está previsto analizar la percepción de la ciudadanía respecto a la transparencia de las instituciones públicas.

Los proyectos de investigación +Éticos y +Éticos 2.0 han recogido datos relacionados con las prácticas de buena gestión pública y transparencia de las administraciones locales por medio de sus canales de publicidad activa, principalmente sus páginas webs oficiales. Se han analizado los portales de 142 municipios alicantinos y se han atendido a 63 indicadores que expone la Ley estatal de Transparencia.

Según Fernando Miró, «no se trata de penalizar, sino de promover la cultura de la transparencia». Entre los resultados del informe, destaca que el 83% de los ayuntamientos alicantinos cumplen menos de la mitad de los indicadores de transparencia y sólo el 6% cumplen las exigencias de Buen Gobierno que señala la Ley.

El estudio también revela que algunas de las exigencias se incumplen de manera sistemática en todos los municipios, como por ejemplo la que hace referencia a la publicación de las subcontratas. Además, destaca que Elche es el ayuntamiento con mayor índice de cumplimiento de transparencia seguido del de Alicante, Torrevieja, Calp y Crevillent.

El conseller ha señalado que los municipios pequeños son los que tienen más complicado adecuarse a las exigencias en materia de transparencia, ya que no disponen de los recursos de personal y financieros suficientes. “La legislación que regula la transparencia en los ayuntamientos es una ley estatal y esto plantea un problema enorme. Nos parece más lógico que las normas de transparencia de los municipios se regulen desde las comunidades autónomas porque somos las que conocemos la realidad de nuestro territorio, disponemos de legislación propia y políticas públicas más avanzadas en esta materia”, ha explicado Alcaraz.

Asimismo, asegura que necesitan saber cuál es la situación exacta de los ayuntamientos para tomar medidas correctas y realizar buenas inversiones. “La ley estatal establece las mismas obligaciones legales para el Ayuntamiento de Madrid que para el de Agres. Reclamamos que se modifique, al menos, para que haya distinción entre municipios según el número de habitantes y éstos puedan dejar de incumplir la ley», ha declarado Manuel Alcaraz.